Canal de Denuncias

Derecho preventivo

En MGR Consultores contamos con un equipo especializado en Derecho Preventivo, adaptándonos a las particularidades de cada empresa en función de su tamaño y actividad para así poder ofrecer el mejor servicio de implantación del canal de denunci

Implementa un Canal de Denuncias

 

En la actualidad, a raíz de la Directiva 2019/1937 sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que establece un marco común para la protección de los denunciantes en toda la UE, ha entrado en vigor el 13 de marzo 2023 la Ley 2/2023 de 20 febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la cual obliga a determinadas empresas a implementar un sistema interno de información, es decir, un canal de denuncias

El canal de denuncias es una herramienta que nos permite detectar y combatir los posibles comportamientos irregulares e ilícitos dentro de una organización. A través de él los empleados, clientes y terceros van a poder informar sobre posibles irregularidades, conductas inapropiadas o violaciones éticas dentro de la empresa para así poder actuar tempranamente sobre ellos.

Este canal es un elemento clave del Compliance que debemos tener en cuenta tanto para la prevención ad extra como ad intra puesto que la empresa aquí también es la perjudicada.

Se considera una herramienta fundamental que promueve una cultura de transparencia, ética y responsabilidad dentro de una organización, y además, ya con la Ley 2/2023 de 20 de febrero, el canal de denuncias debe cumplir y respetar las garantías de confidencialidad del procedimiento, seguridad y protección de datos del informante.

¿Cuál es el plazo fijado para la implantación del canal de denuncias?

Hasta 13 junio 2023
• Las empresas con una plantilla más de 249 trabajadores. • Las entidades del sector público.

Hasta 1 diciembre 2023
• Empresas con una plantilla de entre 50 y 249 trabajadores. • De los municipios con menos de 10.000 habitantes.

En caso de incumplimiento de la obligación de implantar el canal de denuncias siendo sujeto obligado, podría conllevar a sanciones de hasta un millón de euros dependiendo del caso.

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